¿Qué sucede en Latinoamérica?

Países como Brasil, Argentina, Colombia y México han avanzado en la adopción de tecnologías biométricas, especialmente en bancos, telefonía móvil, programas sociales y control migratorio.

Brasil tiene uno de los padrones biométricos más grandes de la región, mientras que Argentina implementa reconocimiento facial en estaciones de tren. Sin embargo, la región enfrenta retos particulares en la falta de marcos regulatorios sólidos, desigualdad tecnológica y una débil cultura de protección de datos que amplifica riesgos de exclusión social, discriminación y abuso de poder.

En abril de 2025, la R3D por los derechos digitales publicó un análisis crítico sobre las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en materia de Desaparición Forzada, las cuales proponen integrar datos biométricos, como el reconocimiento facial y huellas dactilares, a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y al Registro Nacional de Población.

Estas reformas buscan centralizar, de acuerdo con la asociación, esta información en una base de datos masiva y obligatoria, lo que, según R3D, representa graves riesgos para la privacidad, seguridad y derechos humanos de más de 130 millones de personas en el país.

La soberanía biométrica no solo se trata de privacidad, sino de poder, pues se trata de saber quién tiene acceso a los ‘cuerpos digitalizados’.

Además, el mercado biométrico global no muestra señales de desaceleración, se espera que supere los 83,000 millones de dólares en 2027,según datos de Mordor Intelligence, lo que significa que este debate solo se volverá más urgente.

En un contexto global donde las tensiones geopolíticas y el avance corporativo se cruzan con la vida cotidiana, entender y exigir control sobre estos datos es clave para proteger derechos fundamentales, señala R3D.