El informe Estado de la Verificación de identidad en iGaming 2025 de Sumsub revela que Latinoamérica es la región con mayor crecimiento de fraude dentro del sector: 31.8% en el último año.

México destaca por un nivel de fraude que duplica el promedio global, con 3% contra 1.4%.

Todo ocurre en un contexto en que la inteligencia artificial se convirtió en un arma doble. El 78% de los operadores detectó un aumento en documentos falsos generados por IA y los deepfakes aumentaron 700% en el primer trimestre de 2025.

Pero más allá de la tecnología, la falta de supervisión robusta permite que esquemas tradicionales también ganen terreno. Entre los más comunes están:

– Abuso de bonos y promociones: operadores ilegales atraen usuarios con bonos agresivos que, al no estar regulados, se convierten en puerta de entrada a prácticas fraudulentas y en pérdidas para los jugadores.

– Cuentas múltiples y robo de identidad: identidades falsas creadas o adquiridas en filtraciones se usan para manipular promociones, apuestas y retiros.

– Adquisición de cuentas legítimas: delincuentes aprovechan el robo de credenciales para ingresar a cuentas reales y hacer apuestas o retiros no autorizados.

– Fraude en pagos: tarjetas robadas, devoluciones de cargo y manipulación de transacciones con VPN para ocultar ubicación.

– Uso de plataformas ilegales para lavado de dinero: sitios sin licencia que permiten mover fondos sin controles AML ni vigilancia transaccional.

Falta afinar el marco regulatorio

Desde la perspectiva de Galloway, lo que hace falta es adoptar tecnologías más robustas, verificación más estricta y una regulación más efectiva.

En la región Brasil se convirtió en el caso más emblemático, pues desde enero de 2025 cuenta con un marco regulatorio que exige una verificación biométrica obligatoria, certificaciones de seguridad como ISO 27001, requisitos estrictos de AML y multas para operadores que incumplan.

México continúa operando bajo un esquema híbrido que depende de licencias físicas y que arrastra una ley promulgada en 1947. Esta normativa no contempla explícitamente apuestas por internet, por lo que las plataformas digitales solo pueden operar como una extensión de licencia física otorgada a un casino presencial.