El nuevo compromiso, de acuerdo con Malpica, repercute en toda la cadena de valor, es decir, repartidores, restaurantes, pequeños comercios y consumidores finales.

La aprobación encendió alertas entre los actores de la economía digital no solo por el efecto económico que puede generar, sino por la forma en que se llevó a cabo. Según la organización, la reforma fue avalada sin abrir espacios de consulta o diálogo con las partes directamente afectadas.

“Se trata de una decisión con implicaciones económicas y sociales importantes que se tomó sin escuchar a repartidores, plataformas ni a las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de estos servicios”, refiere Malpica.

El director ejecutivo de AlianzaIn México advierte que el planteamiento es problemático, ya que el uso de infraestructura urbana no es exclusivo de este sector.

“Cualquier actividad económica utiliza la infraestructura urbana. Cobrar solo a las plataformas digitales implica un trato desigual y, por lo tanto, discriminatorio”, explica.

Aunque el porcentaje pueda parecer menor, Alianza In México advierte que el efecto real es acumulativo. En Aguascalientes, estima que alrededor de 80,000 personas podrían verse afectadas, entre repartidores, comercios y empresas vinculadas a estos servicios.

En el estado operan cerca de 9,000 restaurantes, de los cuales aproximadamente 80% son micro, pequeñas y medianas empresas, además de unos 12,000 repartidores que obtienen ingresos a través de plataformas digitales. Muchos de ellos ya están sujetos a otros esquemas de contribución fiscal.