En un comunicado conjunto, los gobiernos pidieron a los proveedores de servicios digitales implementar tecnologías y sistemas que ofrezcan experiencias «seguras, protegidas y apropiadas para cada edad». La declaración retoma los compromisos alcanzados a finales de mayo durante la reunión de ministros de Digital y Tecnología del G7 celebrada en París, donde los países del grupo acordaron por primera vez principios comunes para proteger a niños y adolescentes en internet, y busca reforzar esas medidas frente a los riesgos asociados al entorno digital y al auge de la IA.
Los líderes del grupo advirtieron que niños y adolescentes pueden estar expuestos a contenidos ilegales o inapropiados, así como a interacciones perjudiciales para su salud mental y bienestar. El auge de las herramientas de inteligencia artificial añade nuevas amenazas, como la proliferación de imágenes falsas o «deepfakes» con contenido sexual, que pueden utilizarse para el acoso, la extorsión o la difusión de material no consentido.
«Los proveedores de servicios digitales deben adoptar las medidas de seguridad adecuadas y colaborar con las fuerzas del orden para reducir la discriminación contra niños, niñas y jóvenes, así como su reclutamiento, especialmente en el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y el extremismo violento», señala el comunicado.
Por ello, el G7 instó a las empresas desarrolladoras de IA y a las plataformas digitales a detectar y eliminar este tipo de contenidos, además de incorporar medidas de seguridad como controles parentales y mecanismos para verificar la edad de los usuarios. Estas herramientas buscan limitar el acceso de los menores a contenidos sensibles y adaptar las experiencias digitales según las diferentes etapas de desarrollo.
«A pesar de estos beneficios, los servicios digitales pueden representar riesgos para niños y jóvenes. Pueden estar expuestos a contenido e interacciones ilegales e inapropiadas para su edad, lo que perjudica su salud mental y bienestar», refirió la agrupación.
Aunque existe consenso entre las principales economías sobre la necesidad de proteger a los menores, persisten diferencias en torno a la regulación y la fiscalidad del sector tecnológico. Un ejemplo reciente es Anthropic, que suspendió el acceso a la versión más avanzada de uno de sus modelos en cumplimiento de una orden de Washington basada en preocupaciones de seguridad nacional.
