La acción de Uber parece confirmar uno de los principales temores expresados en distintas ocasiones por los propios trabajadores de plataformas a Expansión: si los costos de su formalización no recaen en las empresas, serían trasladados a los colaboradores o al usuario final, lo que, desde su perspectiva, podría hacer que los consumidores migren a otras plataformas o dejen de usarlas.

Esta percepción ha sido constante desde que se presentó la propuesta de reforma, y resalta los desafíos de implementar un nuevo esquema laboral sin afectar la accesibilidad del servicio ni la viabilidad del modelo de negocio.

Rappi, DiDi e InDrive: entre el silencio, la cautela y el rechazo a subir tarifas

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los ajustes que Uber implementó y aclaró que son las empresas y no los usuarios quienes deben asumir los costos de operación de la prueba piloto y la implementación de la reforma definitiva cuando ésta termine.

Rappi aseguró a Expansión que tras un análisis del nuevo marco regulatorio no aumentará los precios a los usuarios. “La conclusión para nosotros es clara: bajo las actuales circunstancias estos ajustes no generarán un incremento”, indicó.

La plataforma seguirá atenta a la evolución del entorno económico y regulatorio para tomar “decisiones sostenibles que cuiden tanto nuestra viabilidad como negocio, pero sobre todo el beneficio de repartidores, aliados y clientes”.

InDrive, por su parte, no ha mencionado que planee incrementar sus tarifas en respuesta a la reforma. En su comunicación más reciente, la compañía destaca que su modelo sigue centrado en la negociación directa entre conductor y usuario, donde ambos acuerdan los precios, sin indicar ajustes ni comisiones adicionales derivadas del nuevo marco regulatorio.

Expansión también consultó a DiDi respecto a si planea tomar medidas similares a las de Uber, pero declinó emitir comentarios en este momento. Esta postura genera incertidumbre sobre cómo responderá ante la eventual implementación total de la reforma, que plantea otorgar derechos laborales a repartidores y conductores, incluyendo acceso a seguridad social y condiciones mínimas de ingreso.