La secuencia no quedó confinada a Washington: provocó cartas abiertas, pronunciamientos de trabajadores y posicionamientos públicos de líderes tecnológicos en California.

Del ultimátum legal al veto presidencial

El 24 de febrero, el Departamento de Defensa dio a Anthropic plazo hasta las 17:00 h del viernes para aceptar el uso militar incondicional de su inteligencia artificial. La exigencia siguió a una reunión entre su director ejecutivo, Dario Amodei, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En el centro del conflicto estaba la negativa de la empresa a permitir que los modelos de Claude se utilizaran para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y en sistemas de armas totalmente autónomos. Tras el encuentro, el Pentágono advirtió que, de no aceptar, podría emitir una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa, normativa de la Guerra Fría que faculta al gobierno a obligar a la industria privada a priorizar necesidades de seguridad nacional. También planteó la posibilidad de designar a la compañía como riesgo para la cadena de suministro.

Dos días después, Amodei respondió: “Estas amenazas no cambian nuestra posición: no podemos, en conciencia, acceder a su solicitud”, afirmó. Aunque reconoció que los modelos de Anthropic ya han sido desplegados por el Pentágono y agencias de inteligencia para defender al país, reiteró que la firma traza una línea ética respecto a vigilancia doméstica masiva y armas letales sin control humano.

El 27 de febrero, Trump ordenó a todas las agencias federales dejar de usar “inmediatamente” la tecnología de Anthropic. Estableció un periodo de eliminación gradual de seis meses para dependencias como el Departamento de Defensa y aseguró que no volverían a hacer negocios con la empresa. Hegseth calificó la postura de la startup como “arrogancia y traición”, mientras Anthropic anunció que impugnará en tribunales cualquier designación como riesgo para la cadena de suministro.